El Zorro Polémico

El 12 de junio cerca de 40 calameños, entre niños, dirigentas vecinales y sociales y pobladores comunes y corrientes se embaracaron en un bus directo a Antofagasta para interponer un Recurso de Protección contra los malos olores emitidos por la Planta de Tratamientos de Aguas Servidas.

En la oportunidad viajó también el concejal Enrique Giadach quien soltó unas lucas para el bus y el viaje del abogado ambientalista, miembro de la Fiscalia del Medioambiente, Fernando Dougnac, quien viajó con Sara Larraín, la conocida directora de Chile Sustentable y Eduardo Medina, director de RENACE (Red Nacional de Acción Ecológica. Además acompañó en la ocasión el presidente de la CUT Provincial El Loa, Manuel Cancino.

El grupo, después de acompañara a Fernando Dougnac en la Corte de Apelaciones, marchó con pancartas, lienzos y gritos contra la planta y las autoridades hasta la plaza de armas de la capital regional, frente a la Intendencia. Una vez ahí llegó la Seremi de Gobierno Paula Baltra, quien fue enviada por la intendenta Maracela Hernando, una de las autoridades más ineficientes para buscar una solución definitiva a este problema, ya que no sólo es la jefa del Gobierno Regional, sino que preside la Corema y fue Seremi de Salud cuando comenzó a operar esta planta.

Baltra invitó a dirigentes a una reunión, hasta donde entró el director de RENACE; Eduardo Medina y, por supuesto, el equipo de El Zorro Polémico en exclusiva, cubriendo lo acaecido y solidarizando con los vecinos.

La Seremi de Gobierno se mostró sorprendida con los relatos de vecinos de persecusión de Carabineros desde la manifestación por los malos olores que terminó con actos de violencia por parte de Carabineros y la respuesta de los pobladores.

Además, Baltra señaló que ahora la comunicación desde el Gobierno regional será directa con los vecinos, ya que no están las condiciones para señalar como un interlocutor válido a la gobernadora Sandra Pastene, para lo cual se designó a la Presidenta de la Red de Mujeres El Loa, María Robles.

Así ahora las autoridades y ESSAN deberán responderle a la justicia por su inoperancia y por el daño cometido al medioambiente y a la población, por acción u omisión, ya que no lo hicieron con los vecinos.

Esperemos se paguen los costos en todo ámbito por el inmenso daño que nos han provocado a los calameños y, específicamente, a los padres, madres, niños y ancianos que viven en el sector poniente.
BASTA DE LLEVAR UNA VIDA DE MIERDA.